En una entrevista de 50 minutos con The Miami Herald, insistió, con muchos datos, en que los sindicalistas colombianos nunca han estado más seguros que en la actualidad, tratando de neutralizar uno de los principales argumentos con los que sus opositores quieren frustrar el acuerdo.

Sus comentarios llegaron cuando nuevas cifras oficiales mostraban un súbito aumento en los asesinatos de líderes sindicales a principios de este año, tras una significativa disminución en los últimos cuatro años. Pero los funcionarios colombianos dijeron que estas últimas cifras pudieran ser un alza momentánea, y que la tenden- cia general indica un impresionante progreso en frenar la violencia contra los activistas sindicales.

Uribe dijo que gracias a las reformas del sistema judicial emprendidas por su gobierno, la duplicación de los presupuestos de los fiscales y las sustanciales recompensas para los ciudadanos que suministren información que lleve a convicciones, ahora hay una cifra sin precedentes de 122 acusados de asesinatos de trabajadores colombianos en la cárcel, y de 96 convicciones.

Hace cinco años, dijo, prácticamente no habían ni arrestos ni convicciones en estos casos.

"Gran parte de este progreso se produjo el año pasado, y ahora estamos trabajando en un acuerdo tripar- tito entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los sindicatos y los fiscales, para superar la impuni- dad de los asesinos de activistas sindicales'', dijo Uribe.

Pese al intenso cabildeo de Uribe y del presidente Bush, el acuerdo de libre comercio con Colombia se ha estancado debido, entre otras razones, a un presidente impopular y al escepticismo comercial en Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha condicionado la aprobación del trtado con Colombia a la previa aprobación de "un paquete legislativo para trabajos y crecimiento econó- mico aquí en el país''.

Los republicanos acusan a los demócratas, que han rehusado poner el acuerdo a votación, de hacer demandas irracionales. Señalan que las mercancías colombianas ya entran en Estados Unidos libres de aduanas.

"Realmente no comprendo por qué Pelosi quiere tener a los trabajadores americanos de rehenes. Los negocios americanos se beneficiarían de más libre comercio con Colombia," dijo el jueves un irritado líder de la minoría de la Cámara, John Boehner, republicano por Ohio.

Uribe insiste en las cifras para ilustrar los avances de su gobierno.

Los asesinatos de dirigentes sindicales han ido disminuyendo constantemente de unos 200 en el 2002 a 60 en el 2006 y a 26 en el 2007. Pero la muerte de 22 activistas sindicales en lo que va de año alarma al gobierno y ha hecho que Uribe aumente las recompensas financiaras para los que suministren información útil sobre estos casos.

"El mes pasado, empezamos un nuevo plan nacional de recompensas para los que den información para resol- ver estos crímenes, y está funcionando," dijo el viceministro del Trabajo Andrés Palacio. "Desde entonces, ya hemos capturado a cinco personas vinculadas a cuatro de los últimos crímenes''.

"En lo que nos concierne, hay un claro patrón de violencia contra los sindicalistas en ciertos sectores, y cierta- mente entre sindicalistas implicados en disputas sindicales'', dijo Thea Lee, la directora de política de la AFL-CIO, que ha encabezado la oposición al tratado con Colombia. "¿Puede un sindicalista hacer su trabajo sin temor por su vida? Creo que la respuesta es que no''.

"Más allá de las estadísticas, Uribe expresó cierta perplejidad ante el rechazo del Congreso de EEUU a aprobar el acuerdo de libre comercio. ‘‘Como señal política es difícil de comprender'', dijo.

"El tratado no es tan atractivo en términos de la medida en que pudiera aumentar nuestras exportaciones a Estados Unidos, sino más bien en lo que pueda contribuir a generar confianza en los inversionistas'', afirmó. ‘‘Un país que tiene un problema de narcotráfico, un problema de terrorismo, es un país que necesita un gran influjo de inversiones para poder darle una alternativa a nuestros compatriotas''.

Además, dijo, no aprobar el acuerdo pudiera dejar a Colombia en desventaja con otros países latinoamerica- nos como Perú, Chile y los de América Central que ya tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, y que pueden exportar libres de aranceles al mercado norteamericano. "Sería bueno preguntarle al Congreso americano si eso es justo'', dijo.

Cuando le preguntaron sobre los comentarios de Uribe a José Miguel Vivanco, un funcionario de Human Rights Watch que está en contra del tratado de libre comercio debido a la violencia sindical, observó que casi la mitad de las 96 condenas citadas por Uribe se produjeron el año pasado.

"Eso fue porque la presión del Congreso de EEUU está funcionando'', dijo Vivanco. ‘‘Es por eso que el Congreso tiene que mantener la presión y seguir demorando el acuerdo de libre comercio''.

Pese a un nivel de aprobación del 84 por ciento, Uribe está afrontado múltiples problemas dentro del país y fuera de él. Está tratando de minimizar sus recientes enfrentamientos con el presidente venezolano Hugo Chávez y con el presidente de Ecuador Rafael Correa en relación con los explosivos documentos hallados en dos computadoras portátiles confiscadas por el ejército colombiano durante un asalto el 1 de marzo contra un campa- mento guerrillero de las FARC dentro de Ecuador.

Uribe dijo que es un problema que tiene que tratar ‘‘con gran prudencia''. Afirmó, una vez más, que las computadoras contienen "lo que nuestra policía encontró, sin borrar ni poner nada''. Chávez y Correa han mani- festado escepticismo sobre la autenticidad del material hallado en las computadoras.

El gobierno colombiano invitó a un equipo de expertos en computación de la Interpol para que examinara la autenticidad de los documentos. Las computadores se están examinando en Singapur y se espera que la Inter- pol emita su dictamen dentro de las próximas dos semanas.

Los archivos de las computadoras contienen, entre otras cosas, repetidas referencias a una promesa de Chávez de darle $300 millones a las FARC. También se menciona el apoyo financiero del grupo terrorista a la campaña presidencial de Correa.

En cuanto al arresto de más de 30 actuales y antiguos congresistas investigados por vínculos con los grupos paramilitares colombianos de derecha, incluyendo a su primo segundo y cercano colaborador el senador Mario Uribe, el Presidente dijo que ‘‘seguiría delante'' con sus deberes sin interferir con la investigación.

Pero dijo sentirse personalmente "lastimado'' por el episodio y sugirió que los fiscales se están concentrando exclusivamente en las relaciones políticas de los grupos paramilitares de derecha, dejando sin examinar las vin- culaciones políticas de las guerrillas izquierdistas.

"En el caso de las guerrillas, estas conexiones (políticas) no han sido investigadas'', dijo Uribe. "Tendrán que ser investigadas en el futuro''.

El viernes, el Tribunal Supremo de Colombia anunció que investigaría las presuntas relaciones de las FARC con los legisladores izquierdistas. Los archivos de las confiscadas computadoras de las FARC contienen información que muestran estrechos contactos entre los rebeldes y varios políticos colombianos, incluyendo a la senadora izquierdista Piedad Córdoba, destacada figura en las negociaciones con las FARC para la liberación de la antigua candidata presidencial Ingrid Betancourt.

El redactor de The Miami Herald Pablo Bachelet reportó desde Washington y Andrés Oppenheimer lo hizo desde Bogotá.

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